Este impacto económico se produce en un contexto en el que, a partir del 1 de julio, se restablecerán los niveles de retenciones vigentes en 2024, luego de una baja temporal implementada por el equipo económico nacional. Aunque la ventana actual genera ciertas oportunidades para exportadores, los productores deberán enfrentar la cosecha de trigo y la siembra gruesa bajo una elevada presión fiscal.
Los especialistas explicaron que los derechos de exportación se calculan sobre el valor FOB oficial de los productos exportados y representan una doble carga: por un lado, generan ingresos fiscales, pero por otro, reducen el precio interno que perciben los productores por sus productos, al tratarse de commodities cuyo precio está regulado por el mercado internacional.
“El efecto de las retenciones sobre el ingreso bruto del productor excede ampliamente la recaudación fiscal efectiva”, advirtieron. Esto significa que todos los productores, incluso los que no exportan directamente, se ven perjudicados por una reducción en el precio local del trigo, maíz, soja o sorgo.
En la campaña 2023/24, esa pérdida total fue aún mayor: superó los 522 millones de dólares, debido a mayores volúmenes de producción. En cambio, para la campaña actual, se estima una caída del 15% en la producción total, además del impacto atenuado por la baja temporal en las alícuotas de retención.
La conclusión del informe es contundente: las retenciones continúan siendo una herramienta que afecta directamente la rentabilidad del productor agropecuario entrerriano, más allá de su rol en la recaudación nacional. Desde el sector reclaman una revisión urgente de este esquema impositivo, con el objetivo de fortalecer la competitividad y sostenibilidad del campo.
Con información de Bichos de Campo
Redacción de 7Paginas
