Una condena ejemplar
El pasado 29 de abril, el Juzgado N°4 del Trabajo dictó una condena ejemplar contra Benítez y Bel, tras probarse que ejercieron violencia y discriminación laboral hacia Schvin. En la resolución judicial de 37 páginas se dispuso:
El pago de 13 sueldos en concepto de indemnización.
La realización obligatoria de un curso de perspectiva de género dictado por el STJER.
La obligación de garantizar condiciones dignas, seguras e higiénicas de trabajo para la denunciante, protegiendo su salud psicofísica.
Reincidencia preocupante
Pese a lo ordenado por la Justicia, el pasado 13 de junio, Marcela Schvin fue notificada de un repentino traslado de oficina, dispuesto nuevamente por Benítez y Bel. El hecho se concretó el 18 de junio, cuando la trabajadora se presentó a su lugar habitual de trabajo y se encontró con su oficina vaciada de pertenencias personales y laborales, y fue reubicada en un espacio cerrado, sin salida al exterior.
El impacto emocional de la situación fue inmediato: Schvin sufrió un episodio de claustrofobia que la obligó a recibir atención médica.
Evaluación médica y nuevas denuncias
La empleada fue atendida en la guardia por el médico Martín Alfaro, concejal justicialista de Puerto Yeruá y cuñado político del intendente. El facultativo constató una «alteración emocional» y prescribió 48 horas de reposo.
Ante la situación, Schvin acudió por su cuenta a un psiquiatra, Dr. Daniel González, quien confirmó el diagnóstico de claustrofobia y recomendó el inicio de un tratamiento psicológico.
Su abogado, Dr. Emiliano Delgado, remarcó que este nuevo hecho viola el punto III de la sentencia judicial firme, ya que el cambio de oficina no fue consensuado ni comunicado, y afectó directamente la salud de su representada.
“Este nuevo traslado se hizo sin aviso, sin respetar los diagnósticos previos, y sin consultar al equipo de Obras Sanitarias. La Municipalidad vuelve a incurrir en acciones que perjudican a la trabajadora, y deberá responder por los nuevos daños y perjuicios”, expresó el letrado.
Posibles consecuencias legales
Según trascendió, tanto Benítez como Bel podrían enfrentar nuevas sanciones, ya que la reincidencia y el incumplimiento de una sentencia firme podría ser considerada desobediencia judicial, además de agravar su situación procesal frente a futuras demandas civiles.
Desde diversos sectores gremiales y políticos ya se escuchan voces que exigen la intervención de organismos provinciales ante lo que consideran un claro abuso de poder por parte de los funcionarios municipales.
La situación genera profunda preocupación no solo por el caso en sí, sino también por el mensaje institucional que transmite: la falta de respeto a una resolución judicial y la persistencia en prácticas de violencia laboral en el ámbito público.
Con información de Diario del Sur
Redacción de 7Paginas
