La discusión que se abrió en Entre Ríos alrededor del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares es, en definitiva, una discusión sobre qué Estado queremos construir.
La Justicia intervino y corresponde respetar plenamente sus decisiones. Pero también es importante comprender qué dijo efectivamente la sentencia y, sobre todo, qué cuestiones permanecen vigentes.
El fallo no anula la licitación, no rescinde el contrato vigente, no impide el sistema centralizado de provisión ni ordena regresar al mecanismo anterior. Por el contrario, la propia sentencia reconoce que corresponde al Poder Ejecutivo organizar el Programa Alimentario Escolar, determinar los mecanismos de adquisición, seleccionar —dentro del marco legal— los productos, establecer los menúes, definir los proveedores, disponer los controles y administrar los recursos.
Cabe aclarar que dicho fallo es positivo y que nunca se pensó desde el Gobierno provincial que se autorizaran productos con etiquetado frontal.
Asimismo, la resolución reconoce valor probatorio a la documentación técnica presentada por la Provincia y considera acreditado que la centralización de las compras responde a un diagnóstico previo destinado a mejorar la trazabilidad, el control y la homogeneidad de la prestación.
Es decir, la discusión judicial no debería hacernos perder de vista el problema de fondo que motivó la transformación.
Los documentos elaborados por el propio Estado provincial muestran con claridad cuál fue ese diagnóstico. Las compras descentralizadas dificultaban garantizar un estándar nutricional uniforme y las auditorías realizadas detectaron irregularidades que derivaron en denuncias penales.
Cuando un sistema dificulta saber qué se compra, cuánto se paga y qué recibe cada estudiante, el Estado tiene la obligación de revisarlo.
A raíz del triste y polémico suceso ocurrido en una escuela de mi querido San José de Feliciano, relacionado con la compra de botellas de vino, no quiero detenerme en la veracidad ni en lo que pudo haber ocurrido. Es un hecho que merece ser tomado con seriedad, sin caer en absurdos ni generalizaciones.
No se trata de señalar a quienes todos los días sostienen las escuelas y los comedores. Directivos, docentes, cocineras y trabajadores han realizado durante años una tarea enorme.
Se trata de reconocer que no podemos pedirle a cada escuela que sea simultáneamente una institución educativa, una unidad de compras, un centro logístico y una oficina de control del gasto público.
La transformación propuesta apunta precisamente en esa dirección.
La centralización de desayunos y meriendas permite establecer criterios nutricionales comunes, definir previamente los productos, fortalecer la trazabilidad y mejorar el seguimiento de los recursos. También libera a directivos y docentes de tareas administrativas y de compra para que puedan concentrarse en su función principal: enseñar y acompañar a los estudiantes.
Por supuesto que toda política pública puede y debe ser discutida. También debe ser corregida cuando la realidad, los controles o la Justicia indiquen que corresponde hacerlo.
Pero una cosa es revisar, perfeccionar y adecuar una transformación y otra muy distinta es volver atrás sin considerar las razones que llevaron a impulsarla.
El nuevo esquema incorpora mecanismos de trazabilidad, monitoreo y control que buscan que los recursos destinados a la alimentación de nuestros chicos sean más transparentes y auditables.
Gobernar también significa tener el coraje de cambiar aquello que durante años se naturalizó.
El gobernador Rogelio Frigerio tomó una decisión política que implicó revisar prácticas arraigadas, poner sobre la mesa problemas que muchas veces permanecían ocultos y avanzar hacia un Estado con mayor capacidad de control.
Eso genera debates y resistencias, como ya lo hemos afirmado anteriormente, pero también significa asumir la responsabilidad de transformar de fondo aquello que necesita ser transformado.
La transparencia no se declama: se construye con decisiones concretas, controles y capacidad de corregir.
El objetivo final debe seguir siendo el mismo: garantizar que todos los gurises entrerrianos reciban una alimentación adecuada, con calidad, criterios nutricionales y controles efectivos, independientemente de la escuela o la localidad en la que estudien.
Porque cuando se trata de los recursos públicos, la transparencia no es una consigna.
Y cuando se trata de alimentar a nuestros gurises, controlar cada peso tampoco es una opción: es una obligación.
Redaccion de 7Paginas
