En el documento, firmado por conductores, locutores, comunicadores sociales y titulares de emisoras de la región, los trabajadores de prensa sostienen que el episodio comenzó con una requisa preventiva realizada por personal de la Policía de Entre Ríos al vehículo en el que se trasladaba Valdez y remarcan que el procedimiento concluyó «sin hallazgo alguno», ya que, según afirman, no se detectaron sustancias ilícitas, armas, irregularidades documentales ni ningún otro elemento que derivara en una actuación judicial.
Sin embargo, los firmantes aseguran que, posteriormente, el intendente de Estancia Grande, Pablo Javier Goldin, el secretario de Gobierno, Gabriel Fleitas, y el área de Prensa del municipio realizaron manifestaciones públicas que, según denuncian, instalaron una versión de los hechos que no se correspondía con lo ocurrido.
«Construcción artificial de una realidad inexistente»
En el comunicado al que tuvo acceso 7Paginas, sostienen que las autoridades municipales llevaron adelante «una construcción artificial de una realidad inexistente» y cuestionan que se hayan realizado referencias públicas a supuestos «resultados positivos», «operativos narcóticos» o vinculaciones implícitas con delitos graves.
Según expresan, esas afirmaciones habrían generado una sospecha infundada sobre el comunicador, afectando su imagen personal y profesional.
Asimismo, consideran que la situación reviste especial gravedad porque, afirman, las publicaciones fueron difundidas mediante canales oficiales y recursos institucionales del municipio, otorgándoles apariencia de información oficial.
Defensa de la libertad de expresión
Los trabajadores de prensa sostienen que el episodio trasciende el caso particular de Jorge Valdez y advierten que constituye un hecho de gravedad institucional, al entender que compromete principios vinculados con la libertad de expresión, el derecho a la información y el correcto ejercicio de la función pública.
En ese sentido, señalan que el Estado tiene la obligación de actuar con responsabilidad, veracidad y prudencia, especialmente cuando la difusión de determinada información puede afectar derechos fundamentales de las personas.
También advierten que este tipo de situaciones puede generar un efecto intimidatorio sobre el conjunto de los comunicadores sociales y afectar el libre ejercicio del periodismo.
Exigen una retractación pública
En el tramo final del documento, los firmantes reclamaron al intendente Pablo Javier Goldin, al secretario de Gobierno Gabriel Fleitas y al área de Prensa Municipal que realicen una retractación pública «expresa e inequívoca» en los mismos medios y plataformas donde, según sostienen, fueron difundidas las manifestaciones cuestionadas.
Además, solicitaron la eliminación de todo contenido que reproduzca la versión que consideran falsa y exigieron el cese de cualquier conducta que implique hostigamiento, estigmatización o utilización de recursos estatales con fines políticos o personales.
Finalmente, reafirmaron su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, el ejercicio responsable del periodismo y el respeto por la verdad como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.
