En diálogo con un cronista de 7Paginas, la presidenta del Concejo Deliberante repasó algunos de los aspectos más cuestionados que arrojó el informe y que, según indicó, justifican una investigación judicial.
Compras directas y fondos fiduciarios
Reta de Urquiza señaló que se registraron cerca de 1.800 compras directas de mercaderías, lo que despierta sospechas sobre posibles sobreprecios o beneficios otorgados a determinados proveedores.
Además, explicó que se detectaron inconsistencias en la colocación de dos nóminas salariales en un fondo fiduciario: “Cuando se rescataron esos fondos, los rendimientos no coincidían con la contabilidad oficial. Y, para colmo, la inversión no se hizo en una empresa de primera línea, tal como lo establecía la ordenanza vigente”.
Crecimiento del gasto en personal
Otro de los puntos críticos de la auditoría está vinculado a la incorporación de casi 900 empleados en el último año de gestión, lo que elevó el gasto en salarios al 57% del presupuesto municipal. “Eso explica por qué hoy el municipio destina casi un 60% a sueldos, lo que limita la inversión en obras y servicios. Estamos trabajando para corregir ese indicador y llevarlo por debajo del 50%”, remarcó.
Deuda en dólares y obligaciones pendientes
La viceintendenta también se refirió al crédito en dólares tomado durante la gestión Cresto, originalmente por 4 millones, que al refinanciarse con intereses escaló a 6 millones de dólares. “Se pagaron apenas una o dos cuotas y el resto empezó a impactar de lleno en nuestra administración desde febrero”, explicó.
En la misma línea, recordó que el municipio también arrastraba deudas con proveedores y con la Cooperativa Eléctrica, que en su momento superaban los 500 millones de pesos, lo que hoy equivaldría a casi 1.500 millones.
Transparencia y gestión actual
Reta de Urquiza aseguró que, a diferencia de lo encontrado, la actual gestión implementó el sistema Giscom para realizar compras de forma online, lo que permitió ampliar el número de proveedores de 4 o 5 a más de 30. “Hoy se trabaja con mayor transparencia y con cumplimiento en tiempo y forma”, afirmó.
Finalmente, rechazó las acusaciones de oportunismo electoral, “La auditoría estuvo disponible en la web municipal durante meses y cualquier fiscal pudo haber actuado antes. Lo que queremos es que la Justicia determine si hubo ilícitos o no. No se trata de revancha política, sino de responsabilidad institucional”, concluyo.
