La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER) expresó un fuerte repudio a las declaraciones públicas del concejal de Concordia y abogado Felipe Sastre, luego de que el edil calificara de “mentiroso” el cartel que identifica al Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” como Sitio de Memoria y utilizara el término “supuestos” al referirse a delitos de lesa humanidad cometidos en ese ámbito.
A través de un comunicado, la organización sostuvo que las declaraciones no constituyen una simple controversia historiográfica ni una diferencia de opiniones, sino que implican, según planteó, el desconocimiento de hechos que fueron investigados, probados y juzgados por la Justicia Federal argentina.
RODHER recordó particularmente las causas N.º 1.960/10, “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros s/ inf. art. 151 y otros del C. Penal”, y sus acumuladas N.º 1.991/10, “Díaz Bessone, Ramón Genaro y otros s/infrac. arts. 141 y otros del Código Penal”, y N.º 2.138/11, “Valentino, Juan Miguel y otros s/ inf. art. 141 y otros del C. Penal”.
Según el organismo, en esos procesos judiciales se reconstruyó el funcionamiento del aparato represivo en Concordia y la utilización del Regimiento como lugar de detención ilegal.
El caso de Jorge Emilio Papetti
En su pronunciamiento, RODHER puso especial énfasis en el caso de Jorge Emilio Papetti, quien se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio en el propio Regimiento.
La organización señaló que, a partir de testimonios incorporados al debate judicial, pudo establecerse que en marzo de 1977 Papetti fue detenido, retirado de una formación y posteriormente desaparecido.
También recordó que durante el juicio declararon sobrevivientes que afirmaron haber sido trasladados al Regimiento y permanecer detenidos allí sin registro, mientras que la sentencia incorporó testimonios vinculados con interrogatorios y detenciones clandestinas en sus dependencias.
RODHER destacó además que se incorporó documentación que daba cuenta de que Papetti estuvo detenido en la guardia de prevención por orden del jefe del Regimiento y de la intervención de personal militar en su posterior traslado.
Asimismo, mencionó el testimonio de Jorge Martín Ramírez, quien declaró haber sido trasladado encapuchado a un lugar que posteriormente identificó como el Regimiento, donde reconoció a Papetti entre las personas detenidas.
“No existe ningún relato que pueda ser enfrentado a otro relato”
La Red de Organismos de Derechos Humanos sostuvo que la existencia de pruebas judiciales impide presentar estos hechos como una disputa entre diferentes versiones.
“No existe aquí ningún ‘relato’ que pueda ser enfrentado a otro relato. Existen hechos, víctimas, testimonios, prueba y una verdad establecida judicialmente”, afirmó la organización.
En ese sentido, consideró que calificar de “mentiroso” al cartel del Sitio de Memoria no constituye una contradicción con los organismos de derechos humanos, sino con la prueba producida durante los procesos judiciales.
RODHER también cuestionó que las expresiones hayan sido realizadas por un concejal y, al mismo tiempo, por un profesional del derecho.
“Un profesional del derecho no puede desconocer livianamente el valor de las decisiones judiciales”, sostuvo la organización, al remarcar que los hechos fueron abordados en procesos con acusación, defensa, producción de prueba, testimonios, debate oral y público y sentencia.
Reclamo al Colegio de la Abogacía
Por la condición profesional de Sastre, RODHER realizó además un pedido público al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) para que analice la conducta del concejal.
La entidad reclamó que el organismo evalúe las declaraciones a la luz de las normas que regulan el ejercicio profesional y la ética de la abogacía y que, si correspondiera, adopte las medidas disciplinarias pertinentes.
“La abogacía no es ajena a la defensa del Estado de Derecho”, expresó RODHER, que consideró que quienes ejercen el derecho tienen una responsabilidad especial frente a las decisiones judiciales, los derechos humanos y las instituciones democráticas.
En ese marco, sostuvo que utilizar la condición de abogado para relativizar crímenes de lesa humanidad y hechos establecidos judicialmente debería generar una respuesta institucional del organismo encargado de velar por la ética profesional.
Memoria, Verdad y Justicia
El comunicado también reivindicó el papel de los Sitios de Memoria y su señalización como parte de las políticas públicas vinculadas con la memoria y la reparación.
Según RODHER, identificar lugares relacionados con el funcionamiento del aparato represivo, recordar a las víctimas y transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido “no constituye una apropiación partidaria de la historia”, sino una política pública de memoria y una garantía de no repetición.
La organización advirtió además sobre el riesgo de relativizar hechos vinculados con la última dictadura militar y sostuvo que los juicios por delitos de lesa humanidad permitieron avanzar desde décadas de impunidad hacia la reconstrucción de las historias de las víctimas y la determinación judicial de responsabilidades.
“Negar o relativizar hechos establecidos judicialmente no reabre un debate histórico, sino que erosiona una construcción alcanzada después de décadas de impunidad”, expresó.
RODHER cerró su pronunciamiento reafirmando que Memoria, Verdad y Justicia constituyen, según su posición, una política de Estado y una obligación jurídica.
“Frente al negacionismo, más memoria. Frente a la relativización, más verdad. Frente a la impunidad, más justicia”, manifestó la organización, que concluyó con las consignas: “Son 30.000. Fue genocidio. Nunca Más”.
El documento lleva la firma de la RODHER, integrada por organismos y agrupaciones de derechos humanos de distintas localidades entrerrianas, entre ellas la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay, AFADER, Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, H.I.J.O.S. Regional Paraná y Concordia, familiares de detenidos desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH Gualeguay, Memoria Colectiva de Villaguay y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Colón.
Fuente: prensa RODHER
