El juez federal subrogante Hernán S. Viri dispuso además la citación de Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa belga Jan de Nul, histórica adjudicataria de los trabajos de dragado durante el período investigado, que abarca entre los años 2015 y 2019, bajo la presidencia de Mauricio Macri.
La causa analiza presuntas irregularidades en los procesos licitatorios para el dragado del río Uruguay, que habrían generado un perjuicio económico estimado en más de 20 millones de dólares para el Estado argentino. Según la denuncia, los contratos se firmaron con valores significativamente superiores a los convenios vigentes hasta ese momento, situación que ahora es materia de investigación judicial.
El expediente adquiere una particular relevancia institucional debido a la situación actual de algunos de los imputados. Mauro Vazón se desempeña hoy como presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, mientras que Jorge Satto ocupa el cargo de secretario de Turismo de la provincia, ambos designados por el gobernador Rogelio Frigerio. Tanto Vazón como Satto integraron la CARU durante el período bajo sospecha.
Por su parte, Juan Enrique Ruiz Orrico, también exdelegado ante el organismo binacional, enfrenta además una causa penal por la muerte de cuatro jóvenes en un siniestro vial. En ese expediente, el juicio oral fue programado entre el 18 y el 27 de febrero de 2026, lo que agrega un nuevo elemento de gravedad a su situación judicial.
La denuncia presentada en 2019 sostiene que existió una maniobra destinada a desplazar a la Dirección Nacional de Vías Navegables, organismo que hasta entonces se encargaba del mantenimiento de la vía navegable del río Uruguay, en beneficio de empresas privadas que habrían operado bajo un esquema de presunta cartelización en las licitaciones.
De acuerdo a lo que surge del expediente, el costo del metro cúbico de dragado pasó de 5 dólares —valor establecido en el convenio vigente con la CARU— a 8 dólares en la adjudicación a la empresa Jan de Nul. Esa diferencia habría sido avalada por los integrantes del organismo binacional responsables del control y aprobación de las contrataciones.
La investigación remarca que las decisiones en la CARU se adoptan de manera colegiada, por lo que todos los delegados debían conocer y aprobar los valores establecidos en los contratos. Este punto resulta central en la imputación por posibles delitos vinculados a hechos de corrupción, cohecho y administración irregular de fondos públicos.
Las audiencias de indagatoria fueron fijadas entre diciembre de este año y marzo de 2026, y algunas se realizarán de manera remota a través del sistema Google Meet. La Justicia también instruyó a la Gendarmería Nacional para llevar adelante las notificaciones personales y verificar la identidad y los domicilios de los imputados.
A más de cinco años de la denuncia original, la causa volvió a cobrar fuerza no solo por el elevado monto del presunto perjuicio económico, sino también porque involucra a funcionarios que actualmente ejercen cargos de poder y control institucional en Entre Ríos, reactivando un expediente que había permanecido sin avances y que ahora vuelve al centro de la escena pública.
