Sin peaje ni mantenimiento
La falta de un nuevo concesionario implica que Vialidad Nacional no cobrará peaje, ya que la entidad no cuenta con personal dedicado a esta tarea. Además, el gobierno de Javier Milei, decidido a no realizar obra pública, ha optado por no prorrogar el contrato de CRUSA, dejando caer la concesión y asumiendo temporalmente la operación de los casi 700 kilómetros de rutas que van desde Zárate (Buenos Aires) hasta Paso de los Libres (Corrientes).
Aunque el gobierno convocó en febrero a una audiencia para licitar la concesión nuevamente, el proceso podría demorar meses, ya que aún no se han publicado los pliegos para los oferentes. Mientras tanto, el corredor vial quedará desatendido, lo que genera preocupación en cuanto a su estado de conservación y seguridad.
Conflicto y falta de inversión
CRUSA se encuentra en concurso preventivo y enfrenta una causa judicial contra el Estado, en la que reclama una indemnización de 300 millones de dólares por contratos incumplidos. La empresa, integrada por un consorcio de constructoras locales, atribuye su situación financiera a la falta de actualización de las tarifas de peaje. El año pasado, el Gobierno otorgó un aumento del 200% a Corredores Viales (empresa estatal de peajes), mientras que a CRUSA solo se le autorizó un 100%, lo que, según la concesionaria, fue insuficiente para sostener las operaciones.
La compañía, que emplea a unas 500 personas, emitió un comunicado responsabilizando al Gobierno por la continuidad laboral de sus trabajadores. “El Gobierno Nacional deberá ocuparse de la operación integral del corredor (…) así como también resolver cuál será el destino de los trabajadores involucrados”, señaló el escrito. Sin embargo, fuentes oficiales han aclarado que Vialidad Nacional no asumirá la responsabilidad sobre el personal de una empresa privada.
Riesgo de abandono y falta de servicios
El retiro de CRUSA no solo implica el cese del cobro de peajes, sino también la discontinuidad de servicios esenciales como el auxilio mecánico y las ambulancias, que actualmente garantizan la seguridad en la extensa traza de casi 700 kilómetros. Desde la empresa advirtieron que la falta de mantenimiento y asistencia podría traer consecuencias graves y responsabilidades legales para el Estado.
A la incertidumbre sobre el futuro de la concesión se suma la preocupación de los usuarios y transportistas, quienes temen que la falta de inversión provoque un rápido deterioro de las rutas. Con la estatización parcial y la falta de claridad sobre los próximos pasos, el panorama se vislumbra incierto y lleno de desafíos para la seguridad vial y el mantenimiento de una infraestructura vital para el comercio regional.
Con datos de Clarin
Redaccion de 7Paginas
