La versión del recambio: «Aires de renovación»
Por un lado, 7Paginas conoció un comunicado que daba cuenta de un consenso entre los sectores que pugnan por la conducción del Consejo Departamental para promover un recambio generacional. Según esta postura, el Dr. Agustín Cáceres —abogado y exsecretario de la Juventud— asumía la presidencia para oxigenar el partido.
La argumentación de este sector señalaba que la salida de Facundo Ruiz Díaz se vinculaba a cuestionamientos internos por supuestos acercamientos con dirigentes suspendidos o expulsados del justicialismo en los últimos comicios.
“El partido necesitaba una conducción y aire nuevo, es por eso que con consenso de la otra lista se decidió que yo deba llevar a cabo esta responsabilidad”, había expresado Cáceres, fijando como meta la reorganización de los cuadros técnicos y políticos de cara al 2027.
La contraparte: «Yo no renuncié»
La controversia estalló cuando el propio Facundo Ruiz Díaz negó enfáticamente Diario del Sur haber dado un paso al costado. Al mismo tiempo, la vicepresidenta del PJ local, Yanina Barbona, confirmó que tampoco renunció a su cargo y denunció no haber sido convocada a ninguna reunión de autoridades.
De acuerdo con datos recabados sobre la trastienda del encuentro, la polémica reunión se habría llevado a cabo en las instalaciones del partido con la presencia de solo siete de los quince consejeros titulares que integran la totalidad del Consejo Departamental (entre ellos, Sabrina Mazariche Parodi, Facundo Pérez, Ana Mengarelli, Agustín Cáceres, Mario Legarretta, Andrea Brassat y Fabián Adente).
Cuestionamientos a la legitimidad del acto
Fuentes internas advirtieron que la votación carecería de validez legal e institucional. Según trascendió, el consejero Fabián Adente habría votado en negativa en el mismo encuentro, alertando a sus pares que no se cumplían los procedimientos estatutarios:
Falta de convocatoria pública: No se habría notificado formalmente a los quince miembros titulares con un orden del día.
Falta de quórum: Para que una decisión de esta magnitud sea legítima, se requiere el voto de la mitad más uno de los integrantes (un mínimo de 8 votos), número que no se habría alcanzado en dicha sesión.
Ante este panorama, desde los sectores tradicionales del peronismo concordiense calificaron la maniobra como un «intento de golpe de mano» ejecutado por vías improcedentes. El conflicto queda ahora abierto y sumergido en una disputa legal y política que promete sumar nuevos capítulos en los próximos días.
