El debate es presidido por la jueza Noemí Berros y cuenta con la acusación del Fiscal General José Ignacio Candioti, quien sostuvo que Abdala, propietario del campo, y De la Cruz Vázquez, señalado como capataz o encargado del lugar, captaron, trasladaron y alojaron a cinco personas mayores de edad —identificadas como O.A.M., D.A.M., P.R.M., F.O.M. y D.S.M.D.B.— provenientes de las localidades misioneras de Irigoyen y Eldorado, con el objetivo de obtener un beneficio económico a partir de su trabajo.
Según el dictamen fiscal, los hechos se desarrollaron aproximadamente entre el 7 y el 28 de septiembre de 2022 y cesaron a partir de la intervención estatal. La acusación indica que la captación se realizó mediante propuestas laborales engañosas y abuso de confianza, aprovechando la extrema vulnerabilidad social y económica de las víctimas. A los trabajadores se les prometió empleo, alimentos, herramientas y condiciones dignas de vivienda. En uno de los casos, incluso existía un vínculo familiar con uno de los imputados, circunstancia que habría sido utilizada para generar mayor confianza.
Como parte del engaño, De la Cruz Vázquez habría enviado a las víctimas una fotografía de un campo desmalezado que no correspondía al lugar real de trabajo, ya que pertenecía a otro predio en buenas condiciones. Una vez en Puerto Yeruá, los trabajadores fueron sometidos a tareas forestales y de desmonte en un contexto de aislamiento y extrema precarización. Además de las labores acordadas, debieron realizar trabajos de limpieza previa que no habían sido ofrecidos ni remunerados. Las jornadas se extendían de lunes a lunes, bajo un régimen de control y dependencia total.
La Fiscalía calificó las condiciones de vida como indignas. Los trabajadores tuvieron que construir por sus propios medios alojamientos precarios con palos, lonas y tablas, armando chozas con piso de tierra, sin camas adecuadas y con colchones en mal estado. Carecían de baño, cocina, energía eléctrica, gas y agua potable. Para higienizarse utilizaban una laguna ubicada a aproximadamente un kilómetro del campamento y el agua para consumo era provista por un vecino. La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos constató la ausencia de condiciones mínimas de higiene y seguridad, lo que implicaba un serio riesgo para la integridad psicofísica de las víctimas.
En relación con la remuneración, el pago prometido nunca se cumplió en los términos acordados. Los salarios eran parciales, variables y muy inferiores a los valores legales, incluso por debajo del salario mínimo vital y móvil. Los trabajadores percibían entre 15 y 35 pesos por metro lineal de madera, con diferencias arbitrarias entre ellos. Además, se les exigía permanecer entre 35 y 45 días para poder cobrar, se realizaban descuentos por traslado y alimentos, y se los obligaba a seguir trabajando aun cuando las herramientas se rompían. Según la acusación, Abdala se negaba a reparar las motosierras o pretendía cobrarles el arreglo a los propios trabajadores.
El expediente también incorpora testimonios sobre malos tratos físicos y verbales. De acuerdo a las declaraciones, De la Cruz Vázquez habría ejercido amenazas y violencia contra los trabajadores. Una de las víctimas relató un intento de agresión física, mientras que otra señaló que el imputado se tornó violento e intentó perseguirlos cuando reclamaron por la falta de agua y por mejores condiciones en el campamento.
Para la Fiscalía, el rol de De la Cruz Vázquez excedía el de un simple trabajador, ya que actuaba como capataz del predio, impartía órdenes y representaba al propietario. Un funcionario de la AFIP declaró que fue Vázquez quien atendió a los inspectores durante el procedimiento, autorizando la inspección en nombre de Abdala, lo que refuerza su posición jerárquica dentro de la explotación.
El Ministerio Público concluyó que el conjunto de engaños, el aislamiento geográfico, las restricciones a la movilidad, las condiciones habitacionales paupérrimas y los malos tratos constituyen indicadores claros del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. En ese marco, De la Cruz Vázquez fue procesado por trata de personas agravada por la vulnerabilidad y la cantidad de víctimas, en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre, en calidad de coautor, mientras que Abdala fue señalado como responsable en su carácter de propietario y principal beneficiario de la explotación.
Cómo continúa el juicio
Está previsto que este martes declaren las víctimas, cuyos testimonios ya fueron registrados en parte mediante el sistema de Cámara Gesell. En tanto, el miércoles se escuchará a seis testigos ofrecidos por la Fiscalía: dos funcionarios de ARCA, dos representantes del Ministerio de Trabajo y dos psicólogas que intervinieron en la asistencia y abordaje de los trabajadores explotados.
Con información de Analisis
