El exgobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri quedó un paso más cerca de enfrentar un juicio oral por una causa en la que está acusado del delito de enriquecimiento ilícito.
El juez de Garantías Mariano Budasoff fijó para el próximo 19 de octubre, a las 9, la audiencia de apertura de causa a juicio, que se desarrollará en el Salón de Audiencias Nº 1 de los Tribunales de Paraná.
La audiencia dará continuidad a la extensa tramitación iniciada este año, luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara en 2023 la remisión de la investigación a juicio oral.
Las audiencias vinculadas con el pedido de elevación se desarrollaron durante marzo y abril de 2026, en distintas jornadas en los Tribunales de Paraná. Ahora, el proceso tendrá continuidad en octubre.
Fiscalía pidió 5 años y 6 meses para Urribarri
En noviembre de 2023, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron la remisión a juicio oral de la investigación por enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado al exmandatario entrerriano.
Para Urribarri, la Fiscalía solicitó una pena de 5 años y 6 meses de prisión.
También están involucrados en la investigación el empresario Diego Armando Cardona Herreros, para quien los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, y Rubén Ángel Martínez, quien finalmente quedó fuera del eventual juicio oral tras acceder a una suspensión de juicio a prueba.
La investigación sostiene que Urribarri no habría podido justificar un incremento patrimonial estimado en 7 millones de dólares.
El empresario Cardona Herreros, también acusado
Uno de los involucrados en la causa es el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA, empresa que fue contratista del Estado entrerriano durante el período de gobierno de Urribarri.
De acuerdo con la acusación fiscal, Cardona Herreros habría tenido participación en las maniobras investigadas relacionadas con el supuesto enriquecimiento ilícito del exgobernador.
Para el empresario, los fiscales solicitaron una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
Martínez quedó fuera del juicio
En mayo de 2024, uno de los tres imputados, Rubén Ángel Martínez, quedó fuera del proceso que podría desembocar en el juicio oral luego de que el juez de Garantías Julián Vergara homologara un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por tres años.
Martínez, un jubilado que tenía 72 años al momento del acuerdo, estaba acusado de haber tenido una participación secundaria en las maniobras investigadas.
Según la acusación, en 2011 habría adquirido a su nombre un vehículo y posteriormente tramitado una tarjeta azul para que pudieran utilizarlo uno de los hijos de Urribarri, Mauro Urribarri, y la esposa del exgobernador, Ana Lía Aguilera.
También se le atribuyó haber colaborado con el ingreso al país de obras de arte provenientes de Europa y destinadas al entorno del exmandatario.
El acuerdo de probation
El acuerdo presentado por la defensa de Martínez, a cargo del abogado Tomás Vírgala, contó con la conformidad de los fiscales Yedro y Badano.
La Fiscalía había solicitado para Martínez tres años de prisión de ejecución condicional, además del pago de una multa de 117.000 pesos y 7.000 dólares.
Finalmente, la defensa propuso abonar la mitad de esos montos: 58.500 pesos y 3.500 dólares, bajo las condiciones establecidas en el acuerdo.
En concepto de reparación del daño al Estado, Martínez asumió además el pago de 36 cuotas de 10.000 pesos, destinadas al Hospital San Roque y actualizadas de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor.
También se estableció una reparación económica en reemplazo de las horas de trabajo comunitario que no podía cumplir por razones de salud.
Un nuevo capítulo judicial para el exgobernador
La causa por enriquecimiento ilícito constituye otro capítulo judicial para Urribarri, quien ya fue condenado a 8 años de prisión en el denominado megajuicio por hechos vinculados con corrupción durante sus gobiernos.
Además, el exmandatario tiene otra causa en trámite relacionada con presuntas coimas, en la que Fiscalía solicitó la remisión a juicio y planteó una pena de 10 años de prisión.
Ahora, la investigación por enriquecimiento ilícito avanza hacia una nueva instancia. La audiencia fijada para el 19 de octubre será determinante para definir la continuidad del proceso y su eventual llegada a juicio oral.
La acusación sostiene que el exgobernador no pudo justificar un incremento patrimonial millonario, mientras que la defensa deberá continuar ejerciendo sus argumentos frente a las imputaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal.
Con informacion de Entre Rios Ahora
Redaccion de7Paginas
