Eduardo Abel Urrutia construyó una carrera difícil de igualar. Ingresó a la Dirección Provincial de Vialidad como chofer del exingeniero jefe Guillermo Van Opstal, fue jefe de la Zonal Paraná y terminó como director de Conservación. Mientras tanto, desarrolló actividad privada bajo la firma que llevaba su propio nombre. Después se jubiló.
La jubilación cerró su carrera administrativa, pero no borra lo que ocurrió mientras integraba el organismo. Cuando el Tribunal de Cuentas le atribuyó responsabilidad por un perjuicio al erario, Urrutia no quedó fuera de la estructura. Por el contrario, ascendió y continuó ocupando un puesto jerárquico.
El Decreto Nº 440 GOB, firmado el 3 de marzo de 2023 por el entonces gobernador Gustavo Bordet y refrendado por la entonces ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, autorizó a la Fiscalía de Estado a celebrar un convenio extrajudicial de reconocimiento de deuda y pago con Urrutia.
La deuda se originó en una auditoría sobre obras realizadas por la Zonal Paraná en Sauce Montrull, Villa Fontana, Tezanos Pintos y Paraná. El propio decreto afirma que los auditores y la Secretaría de Vocalía del Tribunal de Cuentas comprobaron un “incumplimiento irregular de las funciones” y que Urrutia no había justificado su comportamiento.
No es una denuncia de este medio ni una interpretación opositora: está escrito en el acto administrativo que lleva las firmas de Bordet y Romero.
De chofer a director
La carrera de Urrutia dentro del organismo fue ascendente. Los antecedentes periodísticos indican que ingresó como chofer del exingeniero jefe Guillermo Van Opstal. Después fue jefe de la Zonal Paraná y, en noviembre de 2018, durante el primer mandato de Bordet, fue promovido al área de Conservación.
La promoción se produjo cuando las actuaciones del Tribunal de Cuentas ya estaban en marcha: el expediente lleva el número 66/17 y se originó en la auditoría de obras realizadas por la Zonal Paraná. Lejos de quedar marginado por las irregularidades detectadas en el área que había conducido, Urrutia escaló hasta quedar al frente de la conservación vial de toda la provincia.
En mayo de 2023, dos meses después de la firma del decreto que autorizó el convenio, una comunicación oficial de Vialidad todavía lo identificaba como director de Conservación. La paradoja es difícil de disimular: mientras el Estado le reclamaba dinero por un perjuicio ocasionado en Vialidad, Urrutia continuaba formando parte de la conducción de Vialidad.
Luego se jubiló. La jubilación cerró su carrera administrativa, pero no responde las preguntas sobre su permanencia, su promoción ni el cobro efectivo de la deuda.
Cuánto debía y cómo se lo financiaron
El Tribunal de Cuentas fijó el perjuicio original en $598.213,74. La planilla incorporada al decreto indica que ese capital fue calculado a junio de 2016. Posteriormente se le aplicó la tasa activa del Banco Nación desde el 1 de julio de 2016 hasta el 15 de noviembre de 2022.
La actualización fue del 264,12%. De ese modo, los $598.213,74 iniciales se transformaron en $2.178.215,87.
El convenio aceptado por el Poder Ejecutivo estableció:
una entrega inicial de $500.000;
diez cuotas mensuales de $177.189,52;
honorarios para los abogados de Fiscalía de Estado por $217.821,59;
gastos administrativos por $1.370;
un interés del 1% mensual calculado sobre saldo.
Si se suman los importes previstos, Urrutia debía desembolsar $2.491.086,79, siempre que cumpliera íntegramente y en término.
Por eso, en sentido jurídico estricto, el decreto no “perdona” ni condona la deuda: reconoce el capital actualizado, añade intereses, honorarios y gastos. Lo que sí hizo la gestión Bordet-Romero fue aceptar una financiación extrajudicial y considerarla “conveniente al Estado Provincial” por la coyuntura económica y social.
La cuestión política no es menor. Mientras miles de contribuyentes enfrentaban intereses, ejecuciones y restricciones por deudas con el Estado, un funcionario al que el Tribunal de Cuentas responsabilizó por un perjuicio obtuvo un traje de pago hecho por decreto.
El decreto explica que la propuesta fue considerada conveniente “en atención a la actual coyuntura económica y social”. La expresión resulta llamativa. No se trataba de una asistencia social, de un pequeño contribuyente asfixiado por una obligación fiscal ni de una familia que buscaba conservar su vivienda. Era un funcionario jerárquico al que el Tribunal de Cuentas había responsabilizado por un perjuicio contra el Estado.
Un calendario imposible
El expediente exhibe inconsistencias que merecen explicación oficial.
El convenio incorporado como anexo está fechado el 1 de febrero de 2023. Sin embargo, el decreto que autorizó a la Fiscalía de Estado a celebrarlo fue firmado recién el 3 de marzo. El texto del convenio incluso presenta al fiscal actuando con la “debida autorización” del gobernador, aunque esa autorización formal lleva una fecha posterior.
El cronograma también se contradice. La cláusula tercera dice que la primera de las diez cuotas vencía el 15 de mayo de 2023. Pero la planilla agregada al mismo decreto arma el plan desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 15 de septiembre de 2023. Tres de esos vencimientos -diciembre, enero y febrero- son anteriores al propio decreto y dos son anteriores a la fecha consignada en el convenio.
La planilla distribuye las cuotas el 15 de diciembre de 2022; 15 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023. Según la cláusula contractual, en cambio, las diez cuotas debían correr desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024.
No se trata de una coma fuera de lugar. Las fechas determinan cuándo nace la obligación, cuándo hay mora y cuánto interés corresponde cobrar.
Hasta el cargo de Urrutia aparece contradictorio
El documento tampoco mantiene una descripción uniforme del puesto que ejercía Urrutia cuando ocurrieron las irregularidades. En los considerandos se afirma que, al momento del hecho, se desempeñaba como director de Conservación. Sin embargo, el convenio anexado sostiene que el perjuicio se originó cuando se desempeñaba como jefe zonal.
Los antecedentes públicos indican que fue jefe de la Zonal Paraná y que recién en 2018 ascendió a la Dirección de Conservación. Por lo tanto, la referencia del convenio parece compatible con su trayectoria conocida, mientras que el considerando podría haberle colocado retroactivamente el cargo superior.
La diferencia importa. No es lo mismo identificar al responsable como jefe de una zonal que como director provincial. Tampoco es aceptable que un decreto destinado a recuperar dinero público contenga imprecisiones sobre el cargo que ejercía el deudor.
El funcionario y la firma privada
Urrutia no era un desconocido para el gobierno provincial. En mayo de 2018, otro decreto de Bordet y Romero rechazó una apelación de la “firma Eduardo Urrutia” contra una multa laboral impuesta por una infracción detectada en una obra: el expediente mencionó andamios que generaban un riesgo grave e inminente para la salud y la vida de los trabajadores.
Ese antecedente permite hablar de su actividad privada en la construcción sin inventar etiquetas. La ironía del “albañil más exitoso” nace de allí: un constructor que, al mismo tiempo, escaló posiciones dentro del organismo encargado de las obras y la conservación vial.
La trayectoria pública tampoco se interrumpió con el reproche patrimonial. Comunicaciones oficiales de Vialidad lo ubicaban en 2023 como director de Conservación, incluso después de la firma del Decreto 440. Es decir: el Estado le reclamaba la devolución de un perjuicio ocasionado durante su desempeño en Vialidad mientras el mismo Urrutia seguía formando parte de la conducción del organismo. Recién después llegó su jubilación.
La responsabilidad política
La responsabilidad directa por las irregularidades fue atribuida a Urrutia por el Tribunal de Cuentas. Pero el recorrido posterior abre un capítulo político.
Gustavo Bordet gobernó la provincia durante el ascenso de Urrutia y firmó el decreto que autorizó su convenio. Rosario Romero refrendó ese acto como ministra de Gobierno y Justicia. Su firma no fue decorativa: el refrendo ministerial forma parte de la validez y de la responsabilidad político-administrativa del decreto.
La gestión conocía el perjuicio, los informes de los auditores y la falta de justificación atribuida al funcionario. También conocía que Urrutia continuaba ocupando un cargo jerárquico dentro de Vialidad. Aun así, la respuesta conocida no fue apartarlo y transparentar inmediatamente la recuperación del dinero, sino autorizar un convenio extrajudicial.
Lo que Bordet y Romero deben explicar
La publicación del decreto permite conocer las condiciones pactadas, pero no prueba que el dinero haya ingresado efectivamente a las cuentas públicas. Tampoco aclara por qué el convenio aparece fechado antes de la autorización, por qué la planilla contiene vencimientos retroactivos ni si se aplicaron intereses por eventuales demoras.
Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y Vialidad deberían informar:
si Urrutia pagó la entrega inicial, las diez cuotas, los honorarios y los gastos;
en qué fechas se acreditó cada importe;
si hubo mora y cuánto se cobró por intereses;
cuál de los dos cronogramas fue aplicado;
y por qué continuó en un cargo jerárquico después de que el organismo de control le atribuyera el perjuicio.
El hallazgo no es que Bordet y Romero hayan firmado una condonación que el papel no contiene. Es algo más concreto y, quizá, más incómodo: autorizaron por decreto un plan de pago para un funcionario de Vialidad responsabilizado por daño al erario, mediante un instrumento cuyas propias fechas no encajan.
El exitoso albañil no recibió un perdón escrito. Recibió tiempo, cuotas, continuidad dentro de Vialidad y finalmente la jubilación. Ahora falta saber si el Estado recibió todo el dinero.
Fuentes documentales
Boletín Oficial de Entre Ríos del 7 de julio de 2023: Decreto Nº 440 GOB y convenio anexo
Boletín Oficial de Entre Ríos del 7 de noviembre de 2018: Decreto Nº 1091 MT
Vialidad Entre Ríos, 22 de mayo de 2023: Urrutia mencionado como director de Conservación
La Caldera
