La ilusión de la casa propia se ha transformado en una pesadilla legal y económica para un grupo de 50 familias concordienses. Lo que comenzó como una operatoria legítima de compra-venta con el Estado Municipal hace seis años, hoy se revela como un entramado de «errores gruesos» y promesas incumplidas que mantiene a los compradores en un limbo jurídico.
Terrenos ajenos y trámites frenados
La irregularidad más grave radica en la titularidad dominial. Según se dijo a 7Páginas, los terrenos que el municipio vendió como propios en el 2020 pertenecen, en realidad, al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
En diálogo con este medio, uno de los damnificados relató la angustia de la espera: «Compramos en 2020, pero estamos en 2026 y todavía no podemos ocupar nada. El escribano nos informó que el presidente del IAPV aún no firmó la resolución para ceder los terrenos al municipio. Es una falta de respeto total». La próxima semana, los profesionales legales volverán a la delegación del IAPV para intentar destrabar un trámite que lleva años de retraso.
El «achique» de los lotes y la estafa de los servicios
Como si el conflicto de papeles no fuera suficiente, los agrimensores se encontraron con un problema físico: el espacio no alcanza. La gestión de Cresto vendió 50 lotes con dimensiones de 10×20 metros, pero al momento de medir en el territorio, se percataron de que no entran.
«Ahora nos quieren dar terrenos de 9×18 metros. Nos vendieron una medida y nos entregan otra porque calcularon mal», denunció el vecino, quien también puso el foco en otra promesa incumplida: los servicios básicos.
«Nos vendieron los lotes con cloaca, agua y todo incluido. Hoy, esos servicios no existen. Y lo peor es que ahora pretenden que paguemos nuevamente para que nos den las conexiones. Ya pagamos la totalidad de los terrenos a la gestión anterior y nos quieren volver a cobrar por lo que ya era nuestro», graficó indignado.
El impacto económico: entre el alquiler y la desidia
La mayoría de los afectados son familias trabajadoras que hoy deben afrontar el pago de alquileres cada vez más altos mientras ven cómo su capital permanece inmovilizado en un lote que no pueden tocar.
Hasta el momento, ninguna autoridad de la gestión anterior ni de los organismos involucrados ha brindado una respuesta clara que solucione el conflicto de fondo. Mientras tanto, los vecinos de Concordia siguen esperando que el Estado, ese que les cobró por un sueño, finalmente les entregue la realidad que compraron.
Por: Redacción 7Páginas
