Estas familias afectadas son parte del plan de traslado definitivo desde la zona conocida como ex emplazamiento, donde conviven en condiciones precarias y rodeados de riesgos ambientales, como aserraderos, basurales y quema de residuos. El proyecto original contemplaba la construcción de viviendas sociales a través de fondos nacionales, sin embargo, las obras fueron frenadas por la disolución de fideicomisos y organismos como la Secretaría de Vivienda de la Nación durante la actual gestión presidencial.
Frente a esta situación, los vecinos propusieron que las tierras donde se ubican las obras inconclusas regresen a la órbita municipal, para permitir así avanzar en un plan de autoconstrucción.
“Llevamos más de 20 años esperando una solución definitiva. Hoy proponemos que el municipio recupere las tierras para que quienes podamos autoconstruir nuestras viviendas lo hagamos, y que la provincia, a través del IAPV, aporte los fondos necesarios para quienes no tienen esa posibilidad”, expresó Diego Orlando Fink, uno de los vecinos a un cronista de La Ultima Campana.
Actualmente, varias viviendas del plan original se encuentran vandalizadas y en estado de deterioro, según denunciaron los propios habitantes, quienes realizaron relevamientos y registros fotográficos. Solo 8 unidades fueron entregadas, mientras que decenas permanecen a medio construir en distintos sectores.
El vocal del IAPV, Luis Antonio Uriona, reconoció la gravedad de la situación y se comprometió a gestionar ante la Administración de Bienes del Estado Nacional, para incluir el caso de Federación en la agenda de prioridades provinciales.
“Vamos a incorporar este tema dentro de los muchos que estamos trabajando en la provincia. Por pedido del gobernador Frigerio, buscamos resolver los problemas de la gente. Nos interesa recuperar el sentido de la P en IAPV: Planeamiento. No podemos seguir ubicando barrios en zonas de riesgo ambiental”, sostuvo Uriona a La Ultima Campana.
Desde el municipio, el intendente Ricardo Bravo ya mantiene diálogo con los vecinos y se evalúan alternativas legales y administrativas para reactivar el proyecto, incluyendo reuniones con los firmantes interesados en autoconstrucción y acciones para garantizar la seguridad del predio.
Mientras tanto, las familias siguen esperando una respuesta concreta. “No podemos seguir viviendo entre humo, máquinas, y con nuestros hijos jugando en la calle en condiciones de riesgo. No se trata de política, se trata de salud y dignidad”, concluyó uno de los vecinos.
Cobertura Jorge Bravo-La Ultima Campana
Redacción de 7Paginas
