Lejos de retroceder, Vergara sostuvo que la problemática existe y que es necesario abordarla con responsabilidad institucional.
“Es lógico que el Colegio de la Abogacía ejerza la defensa corporativa del conjunto de sus matriculados. Ahora bien, esa legítima defensa no puede desconocer una realidad que es de público y notorio conocimiento, y que excede largamente el plano de las interpretaciones o valoraciones subjetivas: existe una industria del amparo en Entre Ríos”, afirmó el legislador.
“Una práctica sistemática”
Vergara señaló que existen abogados que reclutan activamente afiliados a través de redes sociales, interviniendo incluso en publicaciones oficiales de la OSER o en comentarios de noticias vinculadas a la obra social, ofreciendo la vía judicial como primera y única respuesta.
Asimismo, sostuvo que “numerosos profesionales hacen ostentación pública de la cantidad de amparos que promueven, exhibiéndolos como credenciales profesionales en sus propias redes sociales”, lo que —según indicó— demostraría que no se trata de situaciones excepcionales sino de una práctica reiterada.
El senador también hizo referencia a registros administrativos y judiciales de la obra social que permitirían identificar “patrones reiterados de actuación” por parte de determinados letrados, quienes —según afirmó— presentarían acciones de amparo por prestaciones que no revisten carácter urgente, que ya fueron otorgadas o sin haber agotado previamente las vías administrativas correspondientes.
“Esta conducta desnaturaliza la figura del amparo, deformando su sentido jurídico y constitucional, previsto como remedio excepcional y urgente, no como atajo sistemático”, expresó.
Llamado a la responsabilidad institucional
Vergara aclaró que no ha generalizado ni descalificado al conjunto de la abogacía entrerriana, sino que apuntó a una práctica concreta que considera verificable y reiterada.
“No se han buscado chivos expiatorios ni responsables externos para explicar los problemas estructurales de la obra social. Lo que se ha hecho es llamar a la responsabilidad institucional de todos los actores, incluidos los letrados, en el cuidado de la mayor obra social de la provincia”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el sostenimiento de la OSER depende de un uso racional y responsable de sus recursos, y consideró que el Colegio, antes de emitir un comunicado “en tiempo récord”, debería reflexionar sobre el cumplimiento del Código de Ética Profesional.
“Cuidar la OSER y la salud de todos los entrerrianos es una responsabilidad colectiva. Negar prácticas que la dañan no contribuye a fortalecerla; revisarlas y corregirlas, sí”, concluyó el legislador.
Redacción de 7Paginas
